Gustavo Bolívar y María José Pizarro han cuestionado abiertamente la participación de Quintero en la consulta. Cepeda esquivó entrar en esa pelea directamente. Prefirió hablar de los respaldos que ha recibido en el último mes de precandidatos y líderes sociales.

«Contar con ellos a mi lado es fundamental para esta segunda fase», dijo sobre quienes se han sumado a su campaña. Sobre la posibilidad de que Carolina Corcho decline y lo apoye, fue tajante: hablar de eso sería «abusivo e irrespetuoso» sin un pronunciamiento oficial.

Le preguntaron en qué se diferencia de Quintero. Cepeda sacó a relucir sus treinta años defendiendo derechos humanos, combatiendo la parapolítica y peleando contra la corrupción. Aseguró que no es «imitación ni clon de nadie» y que su propuesta actualiza el programa del gobierno actual con más transparencia y austeridad.

Las reglas del Pacto dicen que quien gane la consulta del 26 de octubre recibe el apoyo de todos los demás. Cepeda no respondió si apoyaría a Quintero si pierde. En cambio, soltó: «Yo voy a triunfar, para eso invito a la ciudadanía a participar masivamente».

Sobre Estados Unidos fue directo. Colombia ha cumplido con todo: extradiciones, incautaciones récord de coca. La respuesta han sido aranceles e imposiciones unilaterales. «La diplomacia no puede ser pleitesía frente a otro país», advirtió. Pidió una relación bilateral basada en respeto a la soberanía.

También habló de Gaza. Llamó «genocida» a Netanyahu y recordó que tiene orden de captura de la Corte Penal Internacional.

Su campaña la resumió en un acróstico: ARTE (Austera, Respetuosa, Transparente y Ética). No hay presupuestos millonarios. Todo se mueve con apoyo ciudadano, volantes y publicidad artesanal.

Uno de sus objetivos centrales si llega al poder: enfrentar la «macro corrupción» que infiltró todos los niveles del Estado. Propone crear un Sistema Nacional contra la macro corrupción.

Sobre la paz total reconoció que hay dificultades y críticas. Defendió su papel como negociador. «Seguiré sosteniendo la necesidad de que en Colombia se busque la paz», dijo. Eso sí, combinando negociaciones con política seria de seguridad.

La consulta del 26 de octubre no solo define al candidato presidencial. También las listas al Senado y la Cámara en fórmula paritaria. Cepeda invitó a toda la ciudadanía a participar, no solo a las bases del movimiento.

Su mensaje final fue claro: menos peleas internas, más propuestas de fondo. El objetivo es derrotar a la extrema derecha y consolidar el proyecto de transformación política en Colombia.

Pero esto no es un discurso. Es vida. Es la posibilidad real de que jóvenes de universidades públicas y privadas accedan a conocimiento de punta en áreas donde el mundo avanza a pasos agigantados. Inteligencia artificial, computación cuántica, transición energética. Temas que suenan lejanos pero que determinarán qué empleos existirán dentro de una década.

¿Por qué importa ahora? Simple. La economía del conocimiento no espera. Mientras Colombia debate sobre problemas básicos, otras naciones llevan años invirtiendo en lo que viene. Este acuerdo con España representa un atajo estratégico. Una forma de saltar etapas sin perder el tren del desarrollo.

Y aquí es donde muchos se preguntan: ¿no estamos poniendo el carro delante de los caballos? ¿Priorizar tecnologías cuánticas cuando algunas universidades carecen de laboratorios básicos? La respuesta oficial es contundente: no se trata de elegir entre lo básico y lo avanzado. Se hace todo al tiempo. Por primera vez, la cooperación internacional viene acompañada de un compromiso real de contrapartida nacional.

Conectividad digital. Esas dos palabras resuenan especialmente en veredas donde aún llega más fácil un mensaje a caballo que por internet. El acuerdo incluye precisamente esto: proyectos para que la transformación digital no sea solo para las grandes ciudades. Carmen Fernández, secretaria general de la Fundación Consejo España-Colombia, lo dejó claro: «Debe tener efectos reales y positivos para la ciudadanía».

Pero el escepticismo tiene razones históricas. Colombia ya firmó acuerdos ambiciosos con Francia y Corea del Sur que quedaron a medio camino. ¿Qué garantiza que esta vez será diferente? Patricia Cortés Ortiz, directora de Europa de la Cancillería, asegura que aprendieron la lección. Ahora existe una hoja de ruta con metas específicas, recursos asignados y mecanismos de seguimiento público.

Transparencia. Esa es otra clave. Los «expertos» que negociaron son académicos de universidades nacionales reconocidas, sin vínculos con empresas privadas que pudieran generar conflictos de interés. Sus nombres y currículos están disponibles para quien quiera verificarlo.

El dinero. España aporta conocimiento, acceso a laboratorios de primer nivel y financiación inicial. Colombia pone los recursos para garantizar que los proyectos no mueran en el papel. Es una apuesta compartida donde nadie se raja.

Para el presidente Gustavo Petro, esto significa concretar su promesa de que Colombia se convierta en una «potencia mundial de la vida». La ciencia como herramienta de equidad. La tecnología como puente para cerrar brechas.

Mientras tanto, en Medellín, ese estudiante de ingeniería sigue en clases. Pero ahora sabe que su futuro podría estar escribiéndose también en Madrid o Barcelona. Que su talento tendrá escenarios globales para desarrollarse. Que su país finalmente está poniendo el hombro para darle oportunidades que antes solo existían en novelas.

Esto no es humo. Son acuerdos concretos con fechas de ejecución. Es la posibilidad de que Colombia deje de importar tecnología y comience a producirla. De que nuestros mejores cerebros no tengan que irse para triunfar.

El mensaje final es claro: la cooperación internacional no sustituye la inversión local. La complementa. La potencia. Y esta vez, prometen, no quedará en anuncios de prensa.

Futuro. Esa es la palabra que define este acuerdo. No el futuro lejano, sino el que comienza a construirse hoy con cada estudiante que accede a conocimiento que antes estaba fuera de su alcance. Con cada proyecto que llega internet a una zona rural. Con cada empresa que nace de estas investigaciones.

Colombia tiene la oportunidad de demostrar que puede aprender del pasado. Que los errores de acuerdos anteriores servirán para que este sí funcione. Y que la ciencia, por fin, dejará de ser un lujo para convertirse en el motor de desarrollo que siempre debió ser.

Por primera vez en Colombia, un bien incautado al crimen organizado se destina exclusivamente a salud mental juvenil. No es poca cosa. La Fundación Sergio Urrego, creada por una madre que perdió a su hijo por discriminación escolar, finalmente echará raíces después de una década de trabajar contra viento y marea.

¿Por qué importa ahora? Los números gritan. 699 intentos de suicidio en colegios bogotanos solo en 2025. La mayoría -522 casos- en instituciones públicas. Jóvenes que necesitan ayuda y no saben a dónde acudir. La línea SalvaVidas de la fundación ya ha acompañado a 15.000 personas, pero operaba desde la informalidad de un espacio prestado.

Esto no es un discurso. Es vida.

La entrega del inmueble avaluado en $941 millones representa algo más profundo que un cambio de dueño. Es la materialización de una deuda histórica con la salud mental de nuestros jóvenes. Mientras otros bienes incautados a narcos se pudrían en litigios eternos, esta casa se convierte en refugio.

Pero la pregunta ronda: ¿qué garantiza que esto no sea otro elefante blanco? La respuesta está en los recursos. El valor del inmueble proporciona estabilidad financiera que trasciende cambios de gobierno. La fundación ya demostró su capacidad de gestión con resultados tangibles.

Silencio.

Ese es el sonido que un adolescente en crisis encuentra hoy cuando más necesita hablar. Las llamadas desesperadas a medianoche que antes rebotaban en líneas ocupadas ahora tendrán respuesta profesional. La diferencia entre un grito ahogado y una mano extendida.

El contexto duele: Colombia tiene una de las tasas más altas de suicidio juvenil en América Latina. Los programas gubernamentales han sido insuficientes y fragmentados. Mientras tanto, organizaciones como la Fundación Sergio Urrego han trabajado con uñas y dientes para llenar ese vacío.

Ahora, por fin, tendrán un castillo de colores -como lo llama su directora Alba Reyes- desde donde operar. Un lugar donde el dinero que alguna vez sirvió para destruir vidas ahora las reconstruirá.

¿Cuánto vale salvar una vida? Para el narcotráfico, nada. Para esta fundación, todo. El inmueble no es solo brick and mortar: es la posibilidad concreta de que un joven que esté a punto de tomar la peor decisión encuentre a alguien al otro lado de la línea.

Así de simple.

El mensaje es claro: el Estado por fin le está apostando a transformar el dolor en esperanza. Donde antes había armas, ahora habrá abrazos. Donde se contaba dinero sucio, ahora se contarán historias de recuperación.

Esto no da papaya. Es un ejemplo tangible de cómo los activos del crimen pueden servir para reparar el daño que causaron. Un círculo que se cierra con justicia poética: la plata del mal ahora hace el bien.

El futuro se escribe en esas paredes que antes guardaron secretos oscuros. Ahora guardarán esperanzas. Risas. Lágrimas de alivio. Y sobre todo, vidas que no se apagarán porque alguien contestó el teléfono a tiempo.

Por primera vez, Colombia concentra sus fuerzas en un Pabellón que será su trinchera en la COP30 de Belém do Pará. La razón es cruda: las limitaciones de espacio y los costos prohibitivos podrían dejar fuera a delegaciones enteras de países en desarrollo. Aquí no hay lugar para titubeos. O se juega inteligente o se vuelve con las manos vacías.

¿Pero qué significa esto para el caficultor del Huila? Simple: acceso directo a financiamiento internacional que nunca antes había llegado a su escala. Hablamos de tecnologías para resistir sequías, seguros contra cosechas perdidas, capacitación para enfrentar nuevas plagas. Esto no es ayuda internacional. Es una inversión en supervivencia.

Sin embargo, surgen preguntas incómodas. ¿Cómo competir contra gigantes cuando históricamente Colombia ha recibido migajas del financiamiento climático global? Tras la COP21 de París, el país prometió reducir 20% sus emisiones para 2030. Meta que hoy parece esfumarse entre cambios de gobierno y prioridades contradictorias.

El Ministerio de Ambiente avanza en la actualización de sus compromisos climáticos mediante talleres participativos. Pero la duda persiste: ¿serán estas consultas algo más que trámites decorativos? Lo cierto es que por primera vez incluyen a actores inusuales: la Agencia para la Reincorporación y Normalización, integrando excombatientes en proyectos de adaptación climática. Una jugada maestra que mata dos pájaros de un tiro: reintegración y acción climática.

Mientras tanto, en Bonn, la delegación colombiana ya pone el pecho en negociaciones técnicas. Defienden al IPCC como fuente científica clave, buscan indicadores de adaptación que realmente protejan comunidades y exigen transparencia en el reporte de emisiones. Detalles técnicos que suenan lejanos hasta que una sequía quema tu cultivo.

El riesgo es palpable. ¿Qué pasa si en 2026 un nuevo gobierno desmonta esta estrategia? La historia reciente muestra que cada administración llega con sus propias prioridades, fragmentando la política climática. Pero esta vez hay una diferencia: comunidades enteras están poniendo el hombro para que los compromisos se cumplan.

Y entonces, la pregunta crucial: ¿cómo medir que estos ‘indicadores de adaptación global’ realmente protejan a las familias y no sean solo números bonitos para informes internacionales? La respuesta está en tierras como las del Huila. Donde el éxito no se mide en documentos firmados sino en cosechas salvadas.

Esperanza.

Colombia aprende por las malas que en la diplomacia climática moderna no basta con tener razón. Hay que jugar astutamente. El Pabellón Colombia en la COP30 no es un stand turístico. Es la primera línea de batalla por recursos que determinarán si miles de agricultores pueden seguir cultivando el mejor café del mundo.

El tiempo se agota. Las sequías no esperan. Mientras los técnicos negocian en salones con aire acondicionado, un hombre en el Huila mira al cielo y espera. Su futuro depende de lo que ocurra a miles de kilómetros de distancia. Esta es la verdadera cara del cambio climático: negociaciones complejas que se traducen en agua o sequía para quien menos tiene.

La diferencia es abismal. Mientras declaraciones anteriores como Belém o Leticia se quedaron en el papel, esta vez hay estructuras operativas. Una Comisión de Seguridad con mandato para enfrentar minería ilegal y narcotráfico. Un mecanismo financiero con aportes country-specific. Un panel científico intergubernamental. Esto no es un discurso. Es vida.

¿Cómo se traduce eso en la práctica? Para comunidades como la de los Muinane en el Caquetá, significa que por fin llegarán recursos para salud intercultural. La reactivación de la Comisión de Salud amazónica permitirá que conocimientos tradicionales se integren con medicina occidental. Imaginemos: un abuelo sabedor atendiendo junto a un médico occidental. Eso es innovación real.

Pero el desafío es monumental. Venezuela y Brasil tienen intereses extractivos fuertes. ¿Estarán realmente comprometidos? La canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio fue clara: solo con cooperación regional se garantiza el bienestar. Los países pusieron el hombro esta vez. Aportarán según su capacidad, aunque los montos exactos se definirán en los próximos meses.

El tema seguridad es crucial. La nueva Comisión tendrá autoridad para coordinar operativos binacionales contra minería ilegal. No más impunidad para las dragas que envenenan ríos. No más miedo para quienes denuncian. Esto no es paja. Es concreto.

¿De dónde saldrán los fondos en medio de crisis fiscales? Se activarán cooperaciones internacionales y fondos climáticos. Martin von Hildebrand, secretario general de la OTCA, lo resume: “La unidad nos ayudará a combatir los problemas”. Después de décadas dando papaya a la deforestación, por fin hay acción coordinada.

El ritmo de la destrucción no espera. La Amazonía perdió 2.3 millones de hectáreas solo en 2023. Estas resoluciones llegan en el momento exacto. Incluyen redes de manejo de fuego, seguridad alimentaria y reconocimiento de saberes indígenas.

Futuro.

Por primera vez, una familia amazónica podría tener garantías reales. Salud. Seguridad. Soberanía alimentaria. Esto trasciende cumbres diplomáticas. Se juega en cada hectárea preservada, en cada niño que crece sin mercurio en la sangre. La Declaración de Bogotá podría ser el punto de quiebre que esperábamos. Otra vez no.

¿Por qué importa ahora? Después de años de criminalizar el comercio fronterizo, Colombia finalmente entendió que la economía binacional es más fuerte que cualquier decreto. Los cierres fronterizos desde 2015 solo demostraron que la gente sigue comerciando, pero con más riesgos y costos. Este memorando no es vinculante, pero es la primera vez que se plantea regularizar en lugar de perseguir.

Para Luis Ramírez, que vende alimentos en Puerto Santander, esto significa que su negocio ya no tendrá que andar escondido. «Esto es concreto. No otro papel más», dice mientras empaca arroz que antes movía por trochas. Ahora podrá usar pasos legales, pagar impuestos justos y dormir sin que un operativo lo deje en la quiebra. Su historia se repite en miles de pequeñas familias que han sobrevivido al contrabando porque no había alternativa.

Sin embargo, las dudas persisten. ¿No será esto puro cuento para lavar dinero o beneficiar a los grandes? La cancillería insiste en que las comisiones técnicas incluirán a gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio y sociedad civil. El Ministerio de Comercio y el DNP tendrán que destripar los detalles operativos. Pero el escepticismo es comprensible. La Zona de Integración Fronteriza de los 90s quedó en nada. Promesas van, promesas vienen.

Lo cierto es que esta vez hay una voluntad política clara. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 prioriza la integración con América Latina, y el restablecimiento de relaciones con Venezuela en 2022 fue el primer paso. Ahora toca poner plata donde hay promesas. Ambos países tienen crisis fiscales, pero el costo de no actuar es mayor: perpetuar una economía subterránea que no beneficia a nadie.

Transformación. Así llaman en Cúcuta a este cambio. De estar fuera de la jugada a tener reglas claras. Pero cuidado. Si los pequeños comerciantes no acceden fácilmente a los permisos y beneficios, todo quedará en lo mismo de siempre. Los grandes empresarios acapararán los beneficios y la informalidad seguirá campante. El memorando debe demostrar que no es otro elefante blanco.

¿Funcionará? Depende. El éxito no está en los documentos, sino en que un vendedor de electrodomésticos en Paraguachón pueda facturar sin miedo. Que una mujer que cruza medicinas ya no tenga que pagar «vacunas» a grupos armados. Que la frontera deje de ser sinónimo de ilegalidad y se convierta en motor de desarrollo.

Futuro. Eso es lo que está en juego. No es solo un acuerdo diplomático. Es la vida de miles que han vivido en la sombra por décadas. El gobierno de Petro apuesta por regularizar lo inevitable. Y esta vez, parece que va en serio.

¿Está realmente preparada una entidad estatal para asumir este reto sin precedentes? La pregunta ronda como un avión en espera de aterrizaje entre los empresarios de la región. Históricamente, la administración directa de aeropuertos por parte del Estado ha mostrado fisuras operativas. Pero el gobierno del cambio asegura que esta vez será diferente.

Casi 4 millones de pasajeros movilizados entre enero y julio dependen de que la transición no dé papaya a las fallas. Detrás de cada número hay historias concretas: el floricultor que envía sus rosas a Miami, el estudiante que viaja a Bogotá para tratamientos médicos, las familias que se reencuentran después de años.

Silencio.

Mientras tanto, en las mesas técnicas avanzan las verificaciones de los 14 subsistemas que conforman la infraestructura. La reversión es un proceso técnicamente complejo, pero humanamente crítico. Milena Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual, insiste en que el cronograma se cumple. Pero los empresarios recuerdan que los papeles vuelan distinto cuando se enfrentan a la pista real.

El verdadero termómetro no estará en los informes de reversión. Se medirá en la puntualidad de los vuelos, en la temperatura de las bodegas de carga perecedera, en la conectividad que mantiene viva la economía del Pacífico. Esto no es un trámite administrativo. Es la arteria comercial de una región entera.

Por primera vez, el Estado asume directamente un aeropuerto de esta magnitud sin un concesionario de por medio. El gobierno promete que será puente hacia una nueva concesión más moderna y con altos estándares. Pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho aeronáutico.

Los 1.500 empleos directos e indirectos observan con expectativa. ¿Será la operación estatal capaz de mantener la eficiencia que exigen los mercados globales? La respuesta comenzará a escribirse el primer minuto del primero de septiembre. Mientras tanto, el café sigue saliendo. Los pasajeros siguen viajando. La vida no espera reversiones.

Pero aquí no hay magia. Mientras Montería, Arauca e Inírida desploman sus tasas de violencia, otras como San José del Guaviare las triplican. Pereira duplica sus homicidios. ¿Por qué el alivio llega a unos lados y a otros no? La respuesta podría enterrarse en esa Colombia profunda que siempre ha luchado contra fantasmas que Bogotá no siempre entiende.

Por primera vez, 491 municipios colombianos –44% del total– registran tasas de homicidio por debajo del promedio mundial. Esto no es un discurso. Es vida. Son calles que recuperan su pulso nocturno, negocios que no bajan sus persianas al anochecer, jóvenes que no tienen que esquivar territorios prohibidos.

El contraste, sin embargo, es brutal. San José del Guaviare lleva la peor parte: +250%. Mitú y Yopal le siguen con incrementos del 100% y 107%. ¿Se están moviendo los grupos armados como globos que se aprietan por un lado y se inflan por otro? Las cifras frías del Ministerio de Defensa esconden una guerra territorial que se redefine lejos de los reflectores.

Lo cierto es que Colombia lleva décadas nadando contra la corriente. En los años 90, la tasa de homicidios era de 84 por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 26. Una reducción del 300% que pocos celebran pero que miles viven en carne propia. Claro que falta. Chile tiene 5. Argentina 6. Pero comparado con el país que éramos, el cambio es histórico.

¿Será que por fin las estrategias de seguridad están llegando a donde siempre debieron estar? Montería, Arauca, Quibdó. Ciudades que por años fueron sinónimo de abandono estatal hoy muestran una mejoría que ni sus propios habitantes creían posible. No es cuestión de suerte. Tampoco de pactos oscuros. Es la prueba de que cuando el Estado llega con planes concretos y no solo con discursos, los resultados se ven.

Mientras tanto, las grandes urbes se mantienen en un equilibrio precario. Bogotá subió 4%, Cali 7%, Medellín 19%. Ni la euforia ni el desastre. Pero el verdadero cambio está ocurriendo en esa Colombia intermedia que siempre fue termómetro de la violencia real.

El reto ahora es evitar que el alivio de unos signifique el ahogo de otros. Que la reducción en el Caribe y la Amazonía no sea un espejismo que esconda nuevas crisis en el Eje Cafetero o los Llanos Orientales. La seguridad no es un juego de suma cero. O ganamos todos, o al final nadie gana.

María, la comerciante de Montería, lo resume mejor que cualquier estadística: “Antes a las 6 pm esto parecía pueblo fantasma. Hoy la gente sale, compra, ríe. Eso no tiene precio”. Tal vez por fin Colombia esté aprendiendo que la verdadera seguridad no se mide en partes oficiales, sino en la hora de cierre de las tiendas de barrio.

El miércoles a las 3:30 p.m. y el jueves a las 4:30 p.m., Señal Colombia transmitirá los encuentros decisivos de la Liga Femenina. Deportivo Cali vs. Medellín y Nacional vs. Millonarios. Pero detrás del balón hay una apuesta estatal que pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué el sector privado nunca quiso poner la plata para esto?

Los números hablan claro. Mientras Brasil y Argentina tienen ligas femeninas con décadas de estabilidad y patrocinadores privados, Colombia sigue remando en la misma. La profesionalización apenas llegó en 2017 después de intentos fallidos desde los 90. El Estado ahora carga con los costos de producción y transmisión que nadie más quiso asumir. ¿Cuánto? Las cifras exactas se guardan como secreto de Estado, pero fuentes del sector hablan de inversiones que podrían equipar varias escuelas deportivas en barrios vulnerables.

Sin embargo, el impacto trasciende lo económico. Cada transmisión crea referentes donde antes solo había silencio. Laura Ruiz, comentarista de los partidos, lo dice sin rodeos: ‘Cuando una niña ve a una mujer patear un balón en prime time, su mundo se expande. Eso no tiene precio’.

Pero ojo, no todo es color de rosa. Los clubes aún dependen del subsidio estatal como un recién nacido de la teta. La sostenibilidad económica sigue siendo el talón de Aquiles. Mientras las audiencias crecen –un 40% más que la temporada pasada–, los patrocinios privados still no se deciden a entrar con fuerza. ¿Desconfianza? ¿Machismo empresarial? El debate está servido.

Y entonces, esperanza. Jugadoras como Catalina Usme, estrella de la selección, ahora son reconocidas en la calle. Las niñas piden balones en lugar de muñecas. Los colegios incorporan equipos femeninos. Es un efecto dominó que comenzó con una cámara y una transmisión.

El partido crucial de esta semana podría definir más que un clasificado. Marcará si este experimento social logra convertirse en una realidad permanente. Porque al final, como dice una entrenadora de barrio, ‘esto no es solo fútbol. Es darle a las niñas un espejo donde verse’.

Mientras María grita un gol que nunca antes había celebrado, en algún oficina estatal alguien sigue haciendo números. La pregunta ya no es si el fútbol femenino merece estar en televisión. Es cómo hacerlo viable para que el Estado no tenga que cargar solo con la boleta. Porque el verdadero triunfo será cuando el sector privado deje de hacer pato y se suba al bus de una revolución que ya está en marcha.